En
esta sociedad, llamada de la información, el manejo subversivo de los términos para
crear confusión nos lleva a la paradoja de tener a nuestra disposición la mayor
cantidad de medios de comunicación sin que ello nos lleve a estar mejor informados.
Reconozco que intentar descubrir la verdad tras tanto subterfugio puede
resultar agotador. Ha quedado claro que son pocos los políticos que ante un
caso de corrupción o manifiesta ineptitud hayan presentado su dimisión. En los
casos de corrupción se apela a la presunción de inocencia y a dejar que actúe
la ley. Pocos han sido los políticos, si es que ha habido alguno, que
se hayan apartado de sus cargos ante la sombra de la duda. Desde los dos
partidos mayoritarios se ha utilizado el mismo argumento para estos casos
(cuando les ha afectado a ellos mismos, claro), no sería justo alejar de la
política a alguien acusado pero no condenado. Habría que recordar que en el
caso de que alguien se aparte de la política puede volver si no es condenado y
se disiparían muchas dudas. Otra cuestión es que el político no sea condenado
pero su imagen se deteriore. En el juicio del famoso caso de los trajes el Sr.
Camps fue exculpado pero su camaradería con el Sr.Correa (te quiero un huevo,
incluido) mostró que lo legal no tiene porque ser ni ético ni moral.
Pero es que lo
legal tampoco es sinónimo de lo justo. La mayoría de los desahucios han sido legales
pero se han conocido muchísimos casos totalmente injustos. He aquí otra
contradicción de nuestro sistema. Según el diccionario de la RAE, legal es perteneciente
o relativo a la ley o al derecho, y unas de las acepciones de derecho es justo.
Las palabras dicen una cosa y, como suele ocurrir, los hechos otra. Es cierto,
que una justicia ideal es muy difícil de conseguir, prácticamente una utopía,
pero cuando se detectan casos en los que esto es así y no se arregla con la
mayor brevedad posible o hay ineptitud o mala intención. ¿Acaso se ha
contagiado la lentitud del sistema judicial al legislativo? ¿Quién es el
responsable de corregir estos desajustes?
La constitución
rige el funcionamiento del Estado y establece una separación de poderes:
ejecutivo, legislativo y judicial. Se supone que el poder judicial ha de
aplicar las leyes, éstas son aprobadas por las Cortes que detentan el poder
legislativo mientras que el Gobierno,
titular del poder ejecutivo, ha de dirigir los distintos ámbitos del Estado
y aprobar normas jurídicas o proponer leyes.
En la actualidad, parece ser que la prioridad en justicia por parte del Gobierno es cambiar la ley del aborto para mayor satisfacción del clero y no
menos estupefacción de muchos ciudadanos que vemos como volvemos a un sistema
retrógrado. Pero lo que es más grave, tras los distintos escándalos políticos y
financieros (casos de corrupción y abusos o flagrantes errores bancarios) no
parecen depurarse responsabilidades ni se siente que se haya hecho justicia. La
facilidad con la que cualquier ciudadano que no observe escrupulosamente la ley
(sobre todo en asuntos económicos) puede acabar en la cárcel parece contrastar
con la dificultad para que entre cualquier político o alto ejecutivo de banca.
Todas estas
sensaciones me llevan a dudar de algunos de los pilares de una sociedad
democrática como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley o que las Cortes representan al pueblo. Cuando se gobierna con una mayoría absoluta
obtenida con promesas no cumplidas, cuando se rehuyen las explicaciones en las Cortes, cuando las
leyes se muestran favorecedoras a un pequeño grupo exclusivo frente a la
mayoría de los ciudadanos, se rompe la separación de poder legislativo y
ejecutivo. A pesar de las diferencias detectadas entre legal y justo o
precisamente por la observancia de éstas un Gobierno que no es capaz de hacer
frente a las injusticias pierde su legitimidad.
En fin, espero que
recordemos esto, sobre todo en las próximas elecciones cuando estallen los
fuegos de artificio electorales como ha pasado con las olimpiadas, ejemplo
claro de venta de esperanzas, cortina de humo y manipulación de sentimientos para
obtener un evento que pagamos todos pero beneficia a unos pocos (los cacareados
empleos y actividades económicas son migajas comparados con el gasto público,
no nos engañemos, a la Fórmula 1 me remito).
