El 15 de mayo de 2011 miles de
ciudadanos salieron a las calles para protestar contra la gestión que los
gobernantes hacían de la crisis económica. El problema del paro se acrecentó con
el cambio de Gobierno acompañado de duros recortes en los servicios públicos y con
la aparición de casos de corrupción política como el caso Gürtel, caso Bárcenas
y los ERE de Andalucía. En todos esos casos la reacción de los políticos era la
misma, respaldo a los implicados y negación de relación sólo cuando
prácticamente iban camino de la cárcel. Lejos de tomar medidas decisivas para
atajar el problema parece que los implicados son cada vez más, algunos muy
cercanos a miembros importantes del PP, como el último caso, muy llamativo, un
caso de corrupción por contratos bajo sospecha con una empresa (para que el
caso sea más sangrante, una empresa de ahorro energético) con multitud de
ayuntamientos de Madrid y que como uno de los cabecillas parece tener al
Sr.Granados, uno de los principales apoyos de Esperanza Aguirre en el gobierno
de la Comunidad Autónoma de Madrid.
La gente se pregunta por qué no
se controla más esta aparente connivencia de muchos gobiernos con empresarios
que buscan su provecho y lo consiguen untando a otros sinvergüenzas que también
lo hacen desde un cargo público. A los ciudadanos sólo nos queda el recurso de
la protesta (en la forma restrictiva que quiere permitir el gobierno con su
reciente nueva ley de seguridad ciudadana) y en las urnas que es nuestro
auténtico poder en una democracia.
Aunque se encuentren casos
totalmente reprobables, los políticos son necesarios y no es correcto ni justo
meter a todos en el mismo saco. De la misma manera, tampoco es justo que a los
empresarios, fundamentales en la economía como creadores de empleo, se les
culpe. Sin embargo, ambos colectivos han de hacer más que simples gestos y
obrar con verdadera determinación ante estos casos. No se puede como políticos
negar implicaciones con compañeros a los que luego repudian con total
desvergüenza como si el pasado común no existiese. No deben tampoco los
empresarios apoyar a aquellos que no respetan las normas y se quieren
enriquecer por medios ilícitos. ¿Qué imagen dan los empresarios cuando el
anterior presidente de la organización más importante, la CEOE, acabó en
prisión? ¿Qué imagen vuelven a dar cuando el presidente de esta organización en
Madrid ha estado implicado en el caso de las tarjetas B y sigue en su puesto?
¿Defienden de verdad el modelo de amiguismo tan dado en dictaduras y que son
germen infalible de corrupción? Dicen que es la cultura española pero eso
reconocer que seremos tan incultos como la mayoría de la población hace un
siglo. Se debe evolucionar, ya está bien de lograr prebendas a base de
amiguismos y connivencias ilícitas. Como ciudadanos demandamos no sólo
políticos honrados sino empresarios íntegros que se muevan por la simple
ambición sin proyección de futuro. Si no es así, que no cuenten con la
implicación de una mayoría a la que me adhiero.
No observo en el Gobierno ningún
gesto para mejorar este aspecto fundamental, es más, sigue con gestos
electoralistas que suponen un insulto a la inteligencia. La última, el intento
de apropiación de la palabra que más suena en las protestas, la indignación. En
menos de cuatro días, el Sr. Pons, la Sra. Cospedal y el Sr. Rajoy han
pronunciado la misma palabra al hablar de los últimos casos de corrupción:
indignación. Que los causantes de gran parte de ésta, se muestren ahora como
indignados, no sólo me causa y estupor sino también repugnancia. ¿Se puede ser
más miserable?
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