Muchas palabras, pocas acciones.

Siento estupor al contemplar en los noticiarios los cruces de palabras entre PP y PSOE en relación con sus sueldos. Es vano el debate sobre quién cobra más cuando la mayoría de los españoles pensamos que todos cobran demasiado a la vista de disputas tan áridas. Ese debate no resuelve el problema de la falta de transparencia y la corrupción.

La transparencia no se limita a publicar las declaraciones de renta. Si algún corrupto se enriquece con dinero público, obviamente no lo va a declarar, ni siquiera saldrá en su declaración de patrimonio. Lo tendrá en una cuenta opaca en cualquier paraíso fiscal.  Se debe considerar por un lado cómo controlar ese flujo subterráneo de dinero y por otro revisar la legislación para evitar tratos de favor a empresas afines a los gobernantes.

El ciudadano observa cómo el gobernante establece estrechos lazos con algunos empresarios . En la gran mayoría casos, todos los contratos recibidos por dichas empresas cumplen totalmente con la legalidad vigente. En concursos públicos ganan sus ofertas de acuerdo con los criterios establecidos. Otra cuestión más dudosa es si la elección de estos criterios condiciona la posterior resolución o si finalmente hay una modificación “imprevista” de las condiciones y que puede llegar a duplicar las aportaciones a la empresa estipuladas en ese concurso. Todo perfectamente legal, pero ¿es ético y moral?

Aquí es donde me surge el estupor, la vergüenza y la decepción que me producen nuestros políticos. Ante cualquier acusación, se remiten a la ley, sin más explicación. Ante una acusación formal descargan la responsabilidad en la justicia (que no es exactamente la ordinaria de cualquier ciudadano ya que se establece la figura de aforado). Nunca se aplica el famoso dicho de “la mujer de César no sólo debe ser honrada,  además debe parecerlo”. Aunque numerosos indicios muestren actitudes sospechosas, aquí nadie dimite. Es más, lamentablemente muchos de estos personajes vuelven a participar en elecciones de las que salen victoriosos y por ese plebiscito que no se ajusta a su mero caso, se arrogan una respetabilidad añadida. Está pues en las manos de los votantes el impedir el apoyo en estos casos, pero sobre todo está en manos de los dirigentes de los partidos el impedir el acceso al poder o a cargos de relevancia a todos estos detestables personajes, ya que su inacción, se puede confundir con colaboración o lo que es peor ineptitud. Ahondando más en este tipo de situaciones, no solo la inacción sino el apoyo expreso, en  muchos casos, lleva a una responsabilidad directa, a una conexión entre el futuro de esa persona y la del dirigente que ha apoyado. Pero en este país, nadie admite esta responsabilidad. Nuestro señor presidente puede referirse en sus entrevistas (en el extranjero para variar, este señor que se llena de patriotismo, es incapaz de dar explicaciones en su país y son ya múltiples las ocasiones en que se dedica a emitir comunicados fuera de su estado) a la corrupción como un mal común en todas las naciones. Cierto, no es ningún descubrimiento. Lo que todavía espero es una comparación de casos y, sobre todo, de reacciones ante la corrupción. Cómo, a diferencia de lo que ocurre aquí, los afectados no esperan a la resolución de un juicio para dimitir, cómo sus partidos los apartan en lugar de mantenerlos, cómo se asumen las responsabilidades que debe tener un político que ha de mostrar una imagen pública incuestionable y una ética.

Esta semana ha sido una noticia bomba la dimisión del Papa (el primero de la historia que dimite). Ha tenido un gran eco internacional al igual que lo tendrá el día que algún político de este país asuma sus responsabilidades y ante cualquier sospecha fundada, documentada, ampliamente difundida o cualquier imputación, sin esperar a juicios, simplemente haga lo que tiene que hacer: dimitir.